La OCDE ha realizado en 1979 y 1995 dos Informes sobre la problemática derivada de los precios de transferencia. Dichos informes han tenido una gran repercusión para la aplicación e interpretación de dicha normativa. Incluso nuestra Ley 36/2006 ha incorporado en su exposición de motivos que la legislación interna española debe interpretarse a la luz de dicha doctrina.