Precio:
49,47
N. Pág:
544
N. Edic:
23

Derecho Público Romano (Papel + e-book)


ARANZADI
  • 9788413460550
  • 12 de Agosto de 2020
  • 23 cm. x 16 cm.
  • Español
  • -
  • 544
  • 49,47
  • Libro
49,47 €

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Resumen:
El Derecho Romano constituye la experiencia jurídica más paradigmática de la historia europea. La relegación que históricamente se ha producido en el estudio del Derecho Público Romano no se justifica, a juicio del autor, en atención a la unidad de la ciencia jurídica, y del propio Derecho Romano, como ordenamiento global de la comunidad política romana, a la necesidad de explicar la norma jurídica en el contexto político y socioeconómico en el que nace, y a las múltiples y variadas enseñanzas que depara el estudio de los principios y normas constitucionales, administrativas, penales, fiscales o internacionales propias del Ordenamiento Jurídico romano. Los teóricos del Estado moderno, Montesquieu y Bodin, construyen algunas de sus principales aportaciones sobre el estudio de las fuentes romanas, así la teoría republicana de Mostesquieu y la definición de soberanía de Bodin. Ideas básicas provenientes de la República romana han servido, así mismo, como modelo en la Revolución Francesa, los Estados liberales del siglo XIX y los actuales sistemas democráticos europeos e iberoamericanos. La experiencia política del Bajo Imperio, caracterizada por el absolutismo, el centralismo, la burocracia ingente y la imposición fiscal absorvente, constituye, por otra parte, el referente del Estado absoluto de la Edad Moderna. Se ha procedido en la presente edición a incorporar en el capítulo XV, Derecho Penal Privado y Derecho Penal Público, la referencia a la persecución mediante acciones populares de determinados delitos privados, delicta, sancionados mediante multas o penas pecuniarias, en un proceso civil, y de los delitos públicos, crimina, ante tribunales públicos y permanentes, quaestiones perpetuae, en especial, los atinentes a la apropiación o el abuso, por parte de un funcionario público o de un particular, de cosas públicas, sagradas o religiosas, la falsificación de moneda o de documentos públicos, y la retención o desviación de dinero público o bienes públicos, destinados a una finalidad específica, a los que no se les da el destino previsto.
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