El hecho de que el artículo 54.2 f) del Estatuto de los Trabajadores siga manteniendo la embriaguez y toxicomanía como causa de despido provoca un doble efecto negativo en el ordenamiento jurídico español. Por una parte, genera inseguridad jurídica, pues los Tribunales discrepan no sólo respecto de sus condicionantes específicos (habitualidad y repercusión negativa en el trabajo), sino también sobre las relaciones norma-convenio en la configuración del tipo y hasta en la propia esencia para su mantenimiento: la culpabilidad necesaria de quien, en cuanto adicto, no deja de ser un enfermo. De este modo, y conforme se demuestra a través de un análisis jurisprudencial exhaustivo, su presencia como motivo disciplinario específico genera más problemas que soluciones. Por otra parte, da lugar a una ambigüedad que sirve para impedir el normal desarrollo de la alternativa legal (a nivel nacional y en los diversos planes autonómicos) consistente en la creación de programas en la empresa de prevención del riesgo y asistencia al trabajador afectado. Su difusión y éxito a nivel comparado deben mover a un cambio en el proceder tradicional del empresario, para lo cual se ofrece un modelo (asentado sobre ejemplos nacionales e internacionales) en el cual la información, formación, detección precoz, intervenciones breves o más incisivas y rehabilitación sirven para mostrar una forma de proceder más respetuosa con los valores de la sociedad actual, incluida la superior rentabilidad económica.